Un proyecto de minería, energíao infraestructura se modela a 20 o 25 años. En ese horizonte, lo que más asustaa un inversionista no es la tasa de hoy: es no saber cuál será la de mañana. LaLey de Reconstrucción ataca justamente esa incertidumbre.
Reintroduce un estatuto deinvariabilidad tributaria por 25 años, un mecanismo que Chile tuvo bajo elhistórico Decreto Ley 600 y que se derogó en 2016. Acá está cómo funciona y aquién le sirve.
Es un contrato entre elinversionista y el Estado de Chile que congela la carga tributaria vigente almomento de firmarlo, por un plazo de 25 años. Si en el futuro Chile sube losimpuestos, el inversionista queda protegido bajo las condiciones originales. Silos baja, puede optar por las nuevas, más favorables. Es una garantíaasimétrica: protege contra el alza y deja abierta la mejora.
El mecanismo no es nuevo enChile. El Decreto Ley 600, vigente por décadas, fue una de las herramientas quesostuvo la llegada de inversión extranjera al país, sobre todo en minería. Sederogó en 2016, en un contexto en que se buscaba simplificar el estatuto de lainversión foránea y se asumía que la estabilidad institucional bastaba comogarantía. Su reintroducción, ahora por 25 años, es una señal deliberada de queChile quiere volver a competir por capital de largo plazo.
El inversionista solicita elestatuto y firma un contrato que fija las reglas tributarias aplicables a suproyecto. Según el proyecto de ley, la solicitud se presenta ante el Ministeriode Hacienda y el contrato lo suscribe el Subsecretario de esa cartera. A partirde ahí, las condiciones quedan blindadas por 25 años, salvo que elinversionista prefiera acogerse a una rebaja posterior.
Combinado con la rebaja delimpuesto corporativo al 23% que trae el mismo proyecto, el inversionista puedecongelar una carga ya más baja que la actual.
El estatuto está reservado para inversiones de gran escala: sobre USD 50 millones. Apunta a los sectores donde los proyectos son intensivos en capital y de maduración lenta —minería, energía, infraestructura, tecnología—, que son los que más valoran la certeza de largo plazo y los que Chile más necesita reactivar.
En un mundo donde la incertidumbre regulatoria es uno de los principales frenos a la inversión, poder modelar los flujos de un proyecto a 25 años sabiendo que la carga tributaria no va a cambiar es un activo en sí mismo. Reduce el costo de capital, facilita el financiamiento y transforma a Chile en un destino predecible. Para el inversionista, esa previsibilidad muchas veces pesa tanto como la propia tasa.
El proyecto todavía no esley. Está en el Senado, en segundo trámite. Los plazos corren desde lapublicación en el Diario Oficial, no desde hoy.
Es para grandes proyectos. Elumbral de USD 50 millones deja fuera a la mayoría de las inversiones; no es unaherramienta de planificación para la empresa mediana.
Los requisitos pueden ajustarse. El umbral y las condiciones de acceso son, justamente, de los puntos que el Senado podría modificar durante la tramitación.
Estecontenido es informativo y no reemplaza asesoría sobre tu caso específico.
Por 25 años desde la firma delcontrato con el Estado.
Si los sube, quedas protegidopor las condiciones originales. Si los baja, puedes optar por las nuevascondiciones más favorables.
Para inversiones sobre USD 50millones, en sectores como minería, energía, infraestructura y tecnología.
Es un mecanismo equivalente aldel Decreto Ley 600, derogado en 2016, ahora reintroducido por la Ley deReconstrucción.